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    Espionaje ilegal: el Colegio Público de Abogados de la Ciudad pidió ser querellante

    Aseguró que las escuchas a ex funcionarios kirchneristas y sus abogados vulneran el derecho a defensa.

    El presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Eduardo Awad, pidió este miércoles ser querellante en la causa por espionaje que se sustancia en los tribunales de Lomas de Zamora, donde se investiga, entre otras cosas, las escuchas ilegales que se realizaron durante el gobierno de Mauricio Macri.

    Según consignó El Destape el CPACF se considera “parte interesada para promover la presente acción para defender a sus colegiados”. Busca ser querellante en procura “de respaldar todos y cada uno de los derechos que podrían haber sido conculcados por el deleznable proceder de los contaminados servicios de inteligencia y de quienes diseñaron tales políticas según surja de la propia investigación”.

    Awad recordó en su escrito que en junio de 2019, el abogado Alejandro Rúa, quien representa entre otros al ex vicepresidente Amado Boudou que estaba detenido en la cárcel de Ezeiza, denunció “la existencia (y posterior difusión) de escuchas telefónicas a las conversaciones realizadas entre abogados y sus clientes detenidos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, lo que constituía un avasallamiento al secreto profesional; así como de las conversaciones entre los detenidos y sus familiares y amigos en un claro avasallamiento de derechos personalísimos a la intimidad”.

    Bajo el patrocinio de Mario Filozof y Darío Busso, el presidente del CAPCF destacó que “la referida intervención importaría una clara violación de sus derechos a la defensa en juicio”, a “la privacidad y a la intimidad, y además pone en serio riesgo el ‘secreto profesional’ que como letrado se ve obligado aguardar y garantizar”.

    La confidencialidad debe ser inviolable entre un abogado y su cliente, “es un principio que hace a las garantías constitucionales como el derecho a la defensa en juicio y a los preceptos contenidos en el Código de Ética que rige en la profesión”. “Revelar el contenido de una conversación entre un justiciable y su defensa, pone en serio peligro, la confiabilidad del sistema de justicia, la seguridad de los justiciables y la integridad de los profesionales involucrados”, se destacó en el documento que se le acercó al juez Federico Villena y al que accedió El Destape.

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