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sábado, julio 31, 2021
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Toma de tierras: el Estado deja de ser querellante en la causa por usurpación contra los mapuches de Villa Mascardi

El directorio del organismo, que está bajo la órbita de Juan Cabandié, firmó una resolución a través de la cual desiste del pedido de elevación a juicio contra el clan Nahuel Colhuan.

Algo que se olfateaba en el mundo judicial del Sur y que podía concretarse de un momento a otro finalmente ocurrió. La Administración de Parques Nacionales retiró la querella por usurpación contra la agrupación mapuche que controla y ocupa desde noviembre de 2017 en Villa Mascardi una franja de 30 hectáreas públicas y privadas.

Con esto, liberó el camino para que se asiente todavía más el reclamo de la agrupación Lafken Winkul, conformada por una familia de Bariloche que se autopercibe como mapuche por la visión de machi, una suerte de medium capaz de dialogar con las fuerzas de la naturaleza.

Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yessica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Betiana Ayelén Colhuan, Cristian Colhuan, Joana Micaela Colhuan, todos pertenecientes a la Lof Lafken Winkul Mapu, estaban señalados como coautores del delito de usurpación previsto en el artículo 181 del código penal de la Nación. El principal querellante de esa causa, en la que se reclamaba el desalojo de esa agrupación, era el Estado a través de la Administración de Parques Nacionales.

Pero todo cambió de golpe. En una resolución firmada el 27 de junio, el organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente, a cargo de Juan Cabandié, desistió de las acciones y se bajó del único paso que faltaba, el pedido de elevación a juicio oral.

Señala la resolución que antes de tomar la decisión pidió asesoramiento a la Procuración del Tesoro para saber de qué modo proceder. Desde el organismo que conduce Carlos Zanini les aconsejaron “prudencia política”.

Dice: “Dicho Organismo Asesor señaló que según una doctrina de larga data la decisión de iniciar o no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales … supone una evaluación de oportunidad y prudencia política…”.

Agrega: “Conforme surge de este cuerpo colegiado, en el marco de una reunión con representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se le requirió a la Administración de Parques Nacionales que no eleve a juicio la causa en los términos del Artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, en función de no entorpecer las negociaciones que se vienen llevando adelante con la Lof Lafken Winkul Mapu”.

Por todo ello, el directorio de PN, emitió el comunicado en el que desiste del pedido de elevación a juicio oral contra la familia, oriunda de un barrio periférico de Bariloche.

La historia es bien conocida y en todo este tiempo acumula más de 110 de denuncias por hechos de violencia diversos.

Los miembros de la Lafken Winkul Mapu irrumpieron en las primeras seis hectáreas en noviembre de 2017.  La muerte de Rafael Nahuel, un integrante del grupo, durante un enfrentamiento con la Prefectura -contienda probada por la Justicia- paralizó toda posibilidad de que fueran expulsados de la zona.

Desde entonces, moran encapuchados entre los coihues y las lengas y realizan incursiones sobre terrenos cercanos. Ocuparon y desmantelaron un viejo hotel abandonado. Tomaron y quemaron una cabaña llamada La Cristalina. Irrumpieron en un predio del obispado de San Isidro. Amenazaron y expulsaron a una familia de cuidadores de un terreno de Gas del Estado. También agredieron a golpes de puño a Diego Frutos, otro de los vecinos que resultó usurpado y desde entonces no puedo volver a su cabaña frente al Lago Mascardi.

El caso tuvo uno de sus momentos más álgidos cuando en octubre del año pasado, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, fue atacada con piedras por los usurpadores en medio de la ruta 40. A partir de eso, fue que el Gobierno Nacional movilizó la creación de una mesa de diálogo comandada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la por entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo.

“Es evidente que ellos tiene su Justicia propia. La Justicia de ellos es esa mesa alternativa de resolución de conflictos”, dijo a Clarín Juan Grehan, otro de los propietarios usurpados. La noticia causó malestar en la comunidad patagónica y fue celebrada como una victoria por agrupaciones indigenistas y afines al oficialismo. ​

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